EXEMPLE DE DEMANDA DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LOCAL DE NEGOCI, EN EL QUAL L’ARRENDATÀRIA ÉS PERSONA JURÍDICA.


 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE xxxxxxxxxx

 

Doña xxxxxxxxxxx, Procuradora de los Tribunales y de  HHHHHHH  S.L., con NIF núm.        , y domicilio en  c/       , núm.          , de las Palmas de Gran Canaria, representación que queda acreditada con el poder para pleitos que se adjunta, bajo la asistencia  letrada de Benjamí Pons Ciurana, colegiado núm. 42.610 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona , con despacho en xxxxxxxxxx   y mail bponsadvocat@icab.cat , comparezco delante de este Juzgado y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

 

 

Que mediante el presente escrito, FORMULO DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO VERBAL, DE ACCIÓN  DE DESAHUCIO POR EXPIRACIÓN DEL PLAZO LEGAL, frente a         X    S.L. con CIF, núm.          Y, domicilio el del local arrendado, situado     en los locales comerciales 1 y 2, del Hotel      , sito en la calle             núm.      xxxxxxxxxxxxxxxxx, en base a los siguientes

 

HECHOS

 

PRIMERO.–  Mi  representada     HHHHHHH  S.L., es propietaria de un Hotel denominado            , sito en la calle      núm.        , de esta ciudad de XXXXXXXXXXX, que el citado inmueble hotelero, en su ala izquierda, encarada al suroeste, y con entrada independiente y directa desde el boulevard          .          , a través de un pasadizo, dispone de dos locales comerciales en su planta baja, con su aseo correspondiente, que ocupan una superficie aproximada cada uno de ellos de veintisiete metros cuadrados, la numeración de los cuales corresponde a los nº 1 y 2.

Consta el pleno dominio de esta finca urbana por parte de mi representada, en adquisición por título de Compraventa en virtud de Escritura Pública, autorizada por el Notario xxxxxxxxxx de XXXXXXXX, el día 6 de abril de 1995, con número de protocolo 1319/1995, por lo que respecta al solar, y en lo que hace referencia a la adquisición del Edificio y del Derecho de Superficie por compra a la mercantil   FOCA,  S.A., en escritura otorgada igualmente en esta ciudad de XXXXXXXXX el 7 de abril de 1995 ante el citado notario, número 1336 de su protocolo.  Tal como queda acreditado en la nota simple expedida por XXXXXXXXXX, Registrador de la Propiedad de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que adjuntamos a la demanda como Documento núm. 1.

 

SEGUNDO.– Que      X   S.L., y       FOCA, S.A., celebraron un contrato de arrendamiento de los locales citados anteriormente, el día 20 de febrero de 1990, sitos en el inmueble de referencia. El alquiler comprende, pues, los dos locales comerciales núm. 1 y 2, situados en la planta baja con su aseo correspondiente, y con una superficie aproximada de 27 metros cuadrados cada uno. Adjuntamos, como Documento núm.2, el contrato de arrendamiento.

 

TERCERO.- Que, posteriormente, en fecha de 6 de abril de 1995, HOTELS, S.L., se subrogó, como nueva propietaria, como arrendador, por la adquisición a FOCA, S.A.,  del Edificio en cuestión y, por tanto, de los locales arrendados, al no concurrir en esta parte los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que estipula como  regla general , que se produce la subrogación del adquiriente en los derechos y obligaciones del arrendador, siendo la excepción que no se produzca dicha subrogación. El adquiriente se subroga en el contrato salvo que se desconozca el arrendamiento y, al no ser esto así en el supuesto que nos ocupa, la enajenación de los locales no provocó la extinción del arrendamiento.

Artículo 34.

El Tercero que  de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido, en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causa que no consten en el mismo Registro.

La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que concia la inexactitud del Registro.

…..”

CUARTO.- La renta estipulada por acuerdo de las partes quedó fijada, en la cláusula tercera del contrato, en la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL, SETECIENTAS DIECISIETE (95.717) PESETAS MENSUALES, que equivalen a QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS. (575,27 EUROS), mensuales que habían de ser abonadas por el arrendatario por meses anticipados y dentro de los cinco primeros días de cada mes. Mientras se mantuviera la vigencia del contrato, fuera por el tiempo pactado o por aplicación de la prórroga legal, seria revisada cada anualidad, tomando como base esta misma renta, en función de los Índices de Precios al Consumo, lo cual nos ha llevado a una renta actualizada para este año 2014 de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA SEIS CÉNTIMOS  MENSUALES (867,76 euros). Adjuntamos Documentos núm. 3 a 7, que corresponden a las facturas emitidas por HHHHH, S.A. y sus cartas de abono por transferencia, pertenecientes al último trimestre del 2014.

Por otra parte, en la cláusula quinta del contrato, se estipula que independientemente de la renta mensual pactada, serán de cuenta y cargo del arrendatario el importe de todos los gastos derivados del uso de los locales arrendados, tales como el consumo de agua, energía eléctrica, entre otros, aun cuando los recibos viniesen girados a nombre de la parte arrendadora, declinando el arrendador toda responsabilidad proveniente de cualquier fallo técnico de las instalaciones.

Que en la cláusula séptima consta que se entrego a mi representada una fianza de 1.150,54 euros, correspondiente a dos mensualidades de renta que se encuentran depositadas en la cuenta corriente núm.,   del Banco Santander, (Documento núm., 8), y a la cual se le dará el destino legal que corresponda.

 

QUINTO.- Que en  la cláusula cuarta del contrato consta que los locales arrendados serán destinados por el arrendatario, con carácter exclusivo, a la actividad de Boutique; no pudiendo variar el destino de los mismos sin el consentimiento expreso y por escrito de la Sociedad Arrendadora. Ésta actividad, que es la que se ha estado realizando des de la firma del contrato hasta la actualidad, está incluida en la División 6 de la Tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas, del Anexo I, Sección Primera del Real Decreto Legislativo 11758/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas.

 

SEXTO.-. La cláusula segunda del contrato de arrendamiento indica que el plazo de duración del convenio será de dos años, sin perjuicio del derecho de prórroga forzosa que la Ley de Arrendamientos Urbanos reconoce al arrendatario; renunciando expresamente la entidad arrendadora al derecho reconocido en el artículo 9 del Real  Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril. Instaurando las partes, la llamada prórroga forzosa convencional, al acogerse voluntariamente a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, renunciando a la potestad que el artículo 9 del Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril, les ofrecía de sustraerse al régimen legal de prórroga forzosa, y establecer una duración del contrato libremente pactado entre las partes.

 

 

SÉPTIMO–  Que el día 1 de enero de 2015 se extinguió el referido contrato de arrendamiento, según lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de 24 de Noviembre de 1994 y, de acuerdo, también, con la más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo y de otros Tribunales. Mencionamos, a este efecto,  las sentencias  de la Audiencia de Barcelona, Sección Decimotercera, de 5 de Junio de 2012 y de 9 de abril de 2014, y de la Audiencia de Baleares, Sección Tercera, de 30 de Octubre de 2012, así como las Sentencias de la Sala Civil  del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2009, de 17 de noviembre de 2011 y de 12 de marzo de 2015. Sentencias, del Supremo, que adjuntamos en la demanda como Documentos núm. 9 a 11.

OCTAVO.- Mi representada, en fecha de 24 de noviembre de 2014, con más de treinta días de antelación a la fecha de expiración de los efectos de este contrato, comunica  X S.L., su decisión de resolver y dejar sin efecto, a fecha de 1 de enero de 2015, el indicado contrato y requiriendo al arrendatario para que en dicho día dejen los locales libres, vacuos i expeditos a disposición de la propiedad. Adjuntamos, como documentos núm. de 12 a 17, certificación de los buro fax remitidos, insistiendo en los mismos términos, así como su recepción por el arrendatario y la contestación a los mismos, la última en fecha de 2 de enero de 2015, en la que X, S.L., se reafirma en “hacer uso del derecho, que considero, nos asiste, de prórroga del contrato de fecha posterior al 9 de mayo de 1985”.

Que, aunque en este momento, no se reclame por los perjuicios causados, mi representada se reserva las acciones oportunas en reclamación de cantidad que corresponda por esta privación ilegítima de la posesión de la finca.

 

NOVENO.- Que a pesar de los requerimientos tendentes a evitar la vía judicial, y que una vez cumplida la fecha de 1 de enero de 2015, los locales en cuestión continúan ocupados por   X, S.L., y  que el arrendatario,  ha mantenido el orden de ingreso que se abona en la cuenta de mi representada núm. 111111111111111111, del cual se ha tenido que dar orden de devolución, para que no se entienda que existe prórroga consentida por esta parte, cosa que  acreditamos, con el extracto bancario que adjuntamos  como  Documento núm. 18, finalmente nos vemos obligados a acudir al Juzgado en defensa de los derechos de mi representada, con la petición de que se  inste judicialmente  el desahucio de los locales citados, en base a los siguientes

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

  1. – De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde a “los juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.”, y el artículo 52, 1,7º de la misma ley, atribuye la competencia al Juzgado a que nos dirigimos, por radicar la finca urbana en su demarcación. Artículo 52.7.1º:”En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en  los de desahucio, será competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca.”

 

  1. TRAMITACIÓN.- Corresponde a la vía del juicio verbal el ejercicio de la acción de desahucio por expiración del plazo fijado legalmente, según lo estipulado en el artículo 251.1.1º de la Ley 1/2000, de 7 de enero:

1.Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:

1º Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el  arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.”

 

Así, el procedimiento debe sustanciarse por los cauces de los artículos 437 a 447 de la Ley de enjuiciamiento Civil y artículos   concordantes.

 

Y, en caso de ausencia del demandado, prevé el artículo 440.4:

 

En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. Igualmente, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso el lanzamiento, que deberá verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuera condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.

 

El domicilio de la parte demandada debe ser considerado el del local arrendado, al no haberse acordado en el contrato un domicilio a efectos de comunicación, de conformidad con el artículo 155.3, parágrafo segundo:

 

Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.”

 

De acuerdo con los artículos 2, 4, 5 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, y la Orden HAP/ 2662/2012, de 13 de desembre, adjuntamos modelo 696 de justificante de liquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

 

  • CUANTÍA.- La cuantía de la demanda se fija en la suma de DIEZ MIL QUATRO CIENTOS TRECE EUROS CON DOZE CÉNTIMOS, (10.413,12 euros), que corresponden a una anualidad de la renta, tal como estipula el artículo 251,9º de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

“En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de la renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca fijada en el contrato.”

 

  1. LEGITIMACIÓN.- Corresponde la legitimación activa a mi representada y la pasiva a la demandada por su condición de propietaria y arrendataria, respectivamente, de conformidad por lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2000, de 7 de enero:

Serán consideradas partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.”

 

  1. POSTULACIÓN.– Comparece esta parte representada por procurador y asistida por letrado de acuerdo con lo exigido por los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

  1. FONDO DEL ASUNTO.

 

 

Primero.-  El Código Civil  no permite que el cumplimiento del contrato está a expensas de lo que pueda decidir unilateralmente una de las partes, así lo estipula el artículo 1256:

 

“La validez y cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.”

 

Contravendría esta norma el hecho de que de la prórroga forzosa, convencionalmente acordada, se  desprendiera  que la duración del contrato y, por tanto, la obligación de su cumplimiento, dependiera única y exclusivamente de la voluntad unilateral del arrendatario.

 

 

Segundo.-  También deja claro el Código Civil en su artículo 1543:

 

“En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por un tiempo determinado y precio cierto.”

 

Por tanto, la cláusula segunda del contrato de arrendamiento de referencia, donde se acuerda, convencionalmente,  la duración del mismo, con su sumisión a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y al derecho de prórroga, con renuncia expresa, por la parte arrendadora, al derecho reconocido en el artículo 9 del Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril, no puede ser interpretada como potestad para establecer una duración indeterminada a dicho contrato.

 

 

Tercero.- En este aspecto la Sentencia de 9 de septiembre de 2009, de la Sala Civil del Tribunal Supremo, ratificada por la de 14 de Julio de 2010 declara que los contratos de arrendamiento no pueden tener una duración indefinida, ya que

 

“vulnera los preceptos de carácter general que disciplinan los contratos y, en concreto, el de arrendamiento, así el artículo 1543 del Código Civil, ya citado, que impone la fijación de un tiempo determinado para el arrendamiento, y el artículo 1256 del mismo Código, que impide que la validez y el cumplimiento de los contratos pueda quedar al arbitrio de una de las partes contratantes.”

 

Afirmación jurisprudencial, en que se desestima la perdurabilidad a instancias de la sola voluntad del arrendatario del arrendamiento de unos locales de negocio con inclusión de una cláusula de duración de un año,  prorrogable por plazos de igual duración a exclusiva decisión del arrendatario, sin limitación temporal de dichas prórrogas y, que en consecuencia podían ser usadas de forma indefinida.

 

Dejando claro el Alto Tribunal que “una cosa es que el legislador pueda imponer, por razones de política legislativa, la prórroga forzosa para el arrendador, como efectivamente mantuvo para los arrendamiento urbanos desde el año 1920 al año 198,  y otra muy distinta que las parte puedan hacerlo válidamente….., sin alterar por ello la propia esencia y naturaleza del contrato, que de por si ha de ser de duración determinada – o,  al menos, determinable-.

 

Cuarto.– Respecto a los contratos celebrados a partir del 9 de mayo de 1.985, como es el caso, fecha en que entra en vigor el Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril,  la Disposición Transitoria Primera, apartado 2, de la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de arrendamientos urbanos, establece:

 

“2. Los contratos de arrendamiento de local de negocio a partir del 9 de mayo de 1985, que subsistan en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, continuarán rigiéndose por lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril, y por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. En el caso de tácita reconducción conforme a lo dispuesto en el artículo 1566 del Código Civil, el arrendamiento renovado se regirá por las normas de la presente ley relativas a los arrendamientos para uso distinto de la vivienda. “

 

 

Quinto.- La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, establece el marco normativo de los contratos de arrendamiento de local de negocio,  celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1.985. Así  por lo que hace a su extinción, los excluye de lo estipulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, preceptuando, en su apartado 4:

 

“Los arrendamientos de local de negocios cuyo arrendatario sea una persona jurídica se extinguirán de acuerdo con las reglas siguientes:

1ª.- Los arrendamientos de locales en los que se desarrollen actividades comerciales, en veinte años.

Se consideran actividades comerciales a estos efectos las comprendidas en la División 6 de la Tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Se exceptúan los locales cuya superficie sea superior a 2.500 metros cuadrados, en cuyo caso, la extinción se producirá a los cinco años.

2ª………

Los plazos citados en las reglas anteriores se contarán a partir de la entrada en vigor de la presente ley.”

 

Y, como la Ley de Arrendamientos Urbanos entró en vigor el 1 de enero de 1995, tal como establece su Disposición Final Segunda,  los contratos de arrendamiento susceptibles de ser  regulados dentro de este marco normativo se extinguen el 1 de enero de 2015.

 

Interesa traer a colación esta Disposición Transitoria Tercera, ya que, sólo de su lectura y interpretación conjunta con la Disposición Adicional Transitoria Primera, es posible una aplicación  coherente, de la normativa, que permita establecer una solución  única, para la extinción de los contratos celebrados, tanto  bajo el régimen de  prórroga forzosa legal  de la Ley de Arrendamiento Urbanos de 1964, como de los celebrados después del 9 de mayo de 1985, con   cláusula de prórroga forzosa convencional.

 

 

Sexto.- Así lo ha entendido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la Sentencia, de la Sala Civil, de 12 de Marzo de 2015,donde se resolvía sobre un contrato de arrendamiento celebrado bajo la vigencia del RDL 2/1985, pero sujeto a prórroga forzosa por expresa voluntad de las partes.

La Doctrina Jurisprudencial instaurada por dicha sentencia, indica que  la duración de estos contratos se rige por la Disposición Transitoria Tercera, no por la Primera de la LAU 1994,  recogiendo  la tesis de la Sentencia del mismo órgano, de  17 de Noviembre de 2011, donde  se dice textualmente:

 

El análisis conjunto y sistemático de la Disposición Transitoria Primera, apartado 2 y de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, permiten declarar que el régimen por esta última  resulta igualmente aplicable a los contratos celebrados tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/1985, cuando las partes hubieran establecido la prórroga forzosa, pues si el legislador previó un fin para los contratos de arrendamiento de local de negocio que legalmente debían estar sometidos a la prórroga forzosa, por razones de política legislativa, aún más debe estar previsto en los que se fijó convencionalmente, so pena de eliminar la esencia del arrendamiento.

En definitiva, la DT Primera LAU 1994, remite expresamente al RDL 2/1985 y a la LAU 1964 para la regulación de los arrendamientos de local de negocio, por lo que se debe entender que la alusión a la tácita reconducción está únicamente prevista para aquellos contratos de arrendamiento de local de negocio que se celebraron al amparo del RDL 2/1985 sin incluirse referencia alguna a una prórroga forzosa en cuanto a su duración. Para los arrendamientos de locales de negocio respecto a los que sí se estableció de modo voluntario un sistema de prórroga forzosa, les resulta aplicable la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, y consecuentemente en materia de finalización de la situación de prórroga, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

 

 

Es decir, que los arrendamientos de locales de negocio, celebrados después  del 9 de mayo de 1985,  en que se desarrollen actividades comerciales cuyo arrendatario sea una persona jurídica se extinguirán a los veinte años de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, o sea el 1 de enero de 2015, que es lo que estipula esta Disposición Transitoria Tercera para los contratos, de esta misma índole, celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985.

 

Séptimo.- De acuerdo con el contenido del artículo 437.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice:

 

Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, o por expiración legal o contractual del plazo, el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de quince días desde que se notifique la demanda. Igualmente podrá interesare en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del artículo 549.”,

 

 

Octavo.– Es, por tanto, de  aplicación, de acuerdo con este artículo 437.3 de la LEC,  el artículo 549.3 de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, que establece que la solicitud de ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la sentencia o decreto, según correspondan:

 

3.En la sentencia condenatoria desahucio por falta de pago de las rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, o en los decretos que pongan fin al referido desahucio sino hubiera oposición al requerimiento, la solicitud de su ejecución en la demanda será suficiente para la ejecución directa de dichas resoluciones, sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia sentencia o en la fecha que se hubiera fijado al ordenar la realización del requerimiento al demandado. “

 

 

  • Serán impuestas a la parte demandada, de conformidad con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

 

Por todo lo expuesto,

 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito y sus copias, con los documentos que le acompañan, se admita por el Secretario Judicial a trámite la presente demanda, y se dé por interpuesta DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO VERBAL DE DESAHUCIO POR EXPIRACION DEL PLAZO LEGAL  contra    X   , S.L., se cite al demandado en el domicilio expresado, en la forma y plazo legalmente establecido, y en su día se dicte sentencia,  por la que:

Primero.- Se declare resuelto el contrato de arrendamiento,  por extinción  del plazo de duración legalmente establecido, de fecha de 20 de Febrero de 1.990, de dos locales situados en el inmueble hotelero de la calle         , núm.      , de esta ciudad de XXXXXXX,  núm. 1 y 2, situados en la planta baja con su aseo correspondiente, y con una superficie aproximada de 27 metros cuadrados cada uno, ubicados en su ala izquierda, encarada al suroeste, y con entrada independiente, suscrito entre FOCA, S.A., subrogado en todos sus derechos y obligaciones por HHHH,S.L como arrendador y   X  S.L., como arrendatario.

Segundo.- Se condene a   X    , L.S., a que desaloje y deje libre y expeditos, los mencionados locales con sus aseos a disposición de mi representada. Bajo apercibimiento de lanzamiento, sino lo efectuara en el plazo establecido.

Tercero.- Que sean  impuestas las costas de este procedimiento a la parte demandada.

 

PRIMER OTRO SÍ DIGO, que conforme a lo autorizado en el artículo 437.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el caso de ser dictada sentencia estimatoria de nuestra pretensión resolutoria del contrato, SE EJECUTE LA SENTENCIA SIN NECESIDAD DE REALIZAR NINGÚN OTRO TRÁMITE, procediendo al lanzamiento de  X   , S.L., en la fecha y hora que se fije por el Juzgado a los efectos de lo señalado en el apartado 3 del artículo 549 y sin que sea necesario plazo de espera para ejecutar el lanzamiento, conforme a su apartado 4.

SUPLICO DE NUEVO AL JUZGADO, que tenga por solicitada la ejecución del desahucio para el caso de ser dictada sentencia estimatoria de nuestra petición de resolución del contrato de arrendamiento.

 

SEGUNGO OTRO SÍ DIGO, que conforme  a lo previsto en el artículo 440.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el caso de que la parte demandada no compareciese, se le aperciba de que se declarará el desahucio sin más trámites y, que si la sentencia, en caso de presentar oposición el demandado, fuera condenatoria y no se recurriera, también se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin ninguna otra comunicación.

SUPLICO AL JUZGADO DE NUEVO, que tenga por solicitado las anteriores peticiones, efectuando los requerimientos, advertencias y emplazamientos necesarios para su correcto cumplimento.

 

TERCERO OTRO SÍ DIGO, que esta parte manifiesta su voluntad de corregir cualquier defecto de carácter procesal que se pudiera haber cometido, al amparo del artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

DE NUEVO SUPLICO AL JUZGADO que se tenga por hecha la anterior manifestación.

 

Es Justicia que pido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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